En la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000), se plasma el mandato para que las mujeres que viven en estados que han atravesado una situación de conflicto participen plenamente en todos los aspectos de la transición. La resolución es histórica dada la profundidad del cambio — en procedimiento, evaluación, aplicación y actitudes — que era necesario si lo que se buscaba era una aplicación plena.

Seis años después de su aprobación, se realizaron algunos avances. La resolución 1325 fue repetida en muchas resoluciones del Consejo de Seguridad y otros mecanismos y documentos. En 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó el ““Informe del Secretario General sobre la mujer y la paz y la seguridad”, en el que se esboza un plan de acción para todo el sistema con el fin de aplicar la resolución 1325 y se procura fortalecer la rendición de cuentas en el sistema de las Naciones Unidas.

Perdura la problemática de adoptar las medidas recomendadas y cumplir con los compromisos de la resolución. Los protagonistas pertinentes siguen sin tener el conocimiento ni los medios prácticos para facilitar la participación de la mujer. En las instituciones se carece de la voluntad y los recursos políticos y, hasta la fecha, sólo seis Estados Miembros de las Naciones Unidas han formulado planes de acción nacionales para poder implementar la resolución 1325. Aun así, las mujeres, desde Afganistán y Timor Oriental hasta Haití y Sudán, siguen presionando a los gobiernos y a las instituciones internacionales para que la implementen.

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