La regulación del financiamiento de la política puede ser utilizada como una herramienta de política pública para facilitar la equidad de género en la competencia electoral y en la conformación de parlamentos y gobiernos. Sin embargo, no hay en esta materia recetas universales. Cada contexto social y político requiere una respuesta específica y adaptada. La equidad en la participación de género en la política depende de un entramado de múltiples variables, algunas de tipo institucional (forma de gobierno, sistema electoral, cupo, sistema de renovación de legislativos) otras de orden económico (participación de la mujer en el mercado laboral, reglas sobre propiedad en el matrimonio), social y cultural (tradiciones, incorporación de la mujer a la vida pública). La traslación automática de experiencias de otros países no garantiza resultados. La misma herramienta puede producir diversos efectos aplicada en contextos disímiles. Por ejemplo, en Francia y en Nueva Caledonia se aplicó un sistema similar que consistía en penalizar a los partidos políticos que no llevaran en el total de las circunscripciones del territorio un número igual de hombres y mujeres candidatos. El sistema electoral es de circunscripción uninominal en ambos casos. Sin embargo, el tipo de partidos políticos y su solidez económica varía notablemente. Así, en Francia, con partidos políticos económicamente sólidos, el sistema no logró el objetivo perseguido. En Nueva Caledonia, en cambio, el sistema fue efectivo logrando una mayor equidad de género; uno de los motivos determinantes de ese resultado fue que los partidos políticos son más pobres, por lo tanto más sensibles a los incentivos de tipo económico. Los recursos económicos son sólo una pieza en un rompecabezas y su peso relativo no es igual en todos los sistemas. Por eso es importante tener presente cuando se proponen reformas en los sistemas electorales o en las normas de financiamiento de partidos que no existen recetas de validez universal. Cualquier propuesta debe ser considerada a la luz del contexto general en el que se va a implantar. La falta de recursos para financiar una campaña tiene distinto peso en las chances de un candidato, hombre o mujer, según el sistema electoral que se aplica. Por ejemplo, en los sistemas de lista cerrada y bloqueada, la inversión de recursos que hace el partido favorece a todos los candidatos de la lista, exista o no un sistema de cuotas en vigencia. La situación cambia, para todos los candidatos, cuando el sistema es de lista abierta o cerrada y desbloqueada, con voto de preferencia. En esos casos, además de la competencia entre partidos, existe una competencia interna entre los candidatos de una misma lista. En este caso, esa competencia requiere una campaña personal de cada candidato y ello implica un gasto que cada candidato tiene que financiar. En lo referido estrictamente a la competencia electoral y la participación de género, suelen propiciarse reformas que apuntan a las reglas del financiamiento de campañas, como un mecanismo para compensar las dificultades de las candidatas mujeres para acceder a recursos. El financiamiento público de las campañas por sí sólo no es garantía de compensación entre la diferente capacidad de recaudación de los candidatos. En principio, pueden establecerse normas que garanticen la asignación de los fondos disponibles en condiciones de igualdad entre los candidatos, sin discriminar por género. Pero aun así, la diferente capacidad de recaudación afectará al segmento privado del financiamiento de campaña. Si se pretende compensar esa supuesta diferencia en la capacidad recaudatoria, es desaconsejable adoptar un sistema de financiamiento público a través de reembolso de gastos, pues en estos sistemas los candidatos deben hacer frente a los costos de campaña a través de préstamos a la espera de recuperar la inversión a posteriori, por lo tanto la capacidad de recaudación de fondos es central para la competencia electoral. Las reglas sobre financiamiento de las campañas pueden utilizarse también como un incentivo para la incorporación de mujeres en las candidaturas, en aquellos sistemas que no cuentan con un sistema de cuotas de género, estableciéndose un plus en el financiamiento público en función de la participación de género en las listas, o bien a nivel nacional en la distribución de candidaturas uninominales. Otras herramientas vinculadas con el financiamiento de la política que suelen mencionarse como propicias para incentivar la equidad de género son: el establecimiento de límites a los gastos de campaña; la asignación de fondos públicos para la etapa de nominación de candidatos; la regulación de la distribución interna de los fondos públicos. Es importante señalar que cualquier medida del tipo de las enumeradas sólo serán eficaces si se cuenta con un sistema de control e implementación efectivo y con reglas de transparencia que contribuyan al control institucional y ciudadano sobre el financiamiento de la política en general. Además del caso francés ya mencionado en que se utiliza la penalización sobre los aportes públicos como una forma de incentivo para la inclusión de mujeres en las listas. Otros países han optado por asignar fa los partidos políticos fondos específicamente orientados a la capacitación y formación de mujeres, así como a la promoción de la participación de la mujer en política. Así lo prevén las leyes de Costa Rica, Panamá e Italia. Delia Ferreira Rubio Presidenta del Consejo de Administración de Poder Ciudadano y Consultora en Temas Institucionales y Gobierno Argentina