Pobreza, violencia de género y VIH/sida amenazan a las ruandesas que intentan cerrar las heridas de un genocidio que las tuvo como blanco, y acabar con una tradición que pisotea sus derechos en la calle y en la casa.

Según datos de la División para el Adelanto de la mujer de las Naciones Unidas, en Ruanda las mujeres ocupan un 48,8 por ciento de las bancas parlamentarias, ubicándose sobre Suecia, Finlandia y Argentina, y muy por encima del promedio mundial, que no alcanza un 18 por ciento. La paridad también se da en el gabinete ejecutivo, conformado por 15 ministr@s, de l@s cuales casi la mitad son mujeres, situación que Ruanda comparte con países como Francia o Suecia.

Pero a pesar de la participación en los puestos de decisión política, Ruanda es uno de los países menos desarrollados del mundo, donde las mujeres todavía están lejos de disponer plenamente de sus derechos civiles, y donde sufren una tradición que las castiga por su condición de género. Además, ellas son las herederas de un genocidio que en 1994 acabó con la vida de 1 millón de personas, y cuya principal estrategia – fundamentada en el odio racial – fue la violación brutal y masiva a mujeres y niñas.

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