¿Hay mecanismos formales (legislados) que operan para crear condiciones de igualdad entre candidatas y candidatos? En el caso de que los haya, ¿cuáles son (ej. límites de gasto, limites en la duración de las campañas electorales, revelación de datos, reformas de fondos públicos que puedan beneficiar a las mujeres)?

En el caso de Ecuador, existen mecanismos de financiamiento, en función del concepto de EQUIDAD DE GÉNERO, que cada cuatro años se lo hace través de los fondos para los PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS PARA OCUPAR LOS DISTINTOS ESCAÑOS PARA LOS PROCESOS DE ELECCIÓN POPULAR en la DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. Pero al momento de hacerse efectivo, tiene evidencias de seguir con la mismas lógicas de inequidad.

¿Tienen efectos adversos sobre las mujeres las actuales leyes de financiación política? ¿Que se podría cambiar, o qué cláusulas hay que fortalecer (ej. Asegurar la aplicación de las normativas, incluídas las que pertenecen a la revelación de datos; prohibición de fondos ilícitos)? ¿Hay controles?

Hay que aclarar que el principio es bueno, pero hay que fortalecer a los organismos del Control con personas jóvenes, para que se haga cumplir el mandato legal, y claro, las mujeres tengan mejores oportunidades para integrarse a procesos de políticos y de democracia representativa, y esto incluye la posibilidad de que funden movimientos y partidos propios, porque está demostrado quiénes son parte de grupos excluídos, y logrando captar el voto popular hay mejores condiciones sin duda para tomar decisiones más incluyentes, a diferencia de lo que pasa ahora.

¿Cómo han tratado los partidos políticos el déficit de género en la financiación (ej. voluntariamente – la recaudación de fondos interna dentro de los partidos, contribuciones para las campañas? ¿Qué métodos o estrategias han utilizado?

¿Hay diferencias en la manera que los y las candidatos/as gastan los fondos de campaña? Ej. Gastos más altos para las mujeres dada la falta de seguridad, coste del cuidado de menores, etc.

En realidad no hay peso del criterio en los procesos de elección, haciendo ver sus fortalezas y debilidades como mujeres, como requisito para de pronto hasta tomarlo como un parámetro para la entrega de fondos, fuera ideal se lo haga en esos términos.

Es un gran tema. He estado lejos de iKNOW Politics pero creo que esto es una buena razón para volver a participar en la red. Desafortunadamente, la financiación no viene gratis sino con algo a cambio. Personas, fundaciones, organizaciones esperan algo de la candidata o candidato y que es cuando hay que comprometerse.

El apoyo financiero no viene gratis si hay uno. Siempre surge una situación de "captura" cuando una Fundación, organización, empresas, bancos, medios de comunicación apoyan a una candidata o candidato. Una vez que la persona consiguen obtener la victoria que hacen es crear reglas en favor de quienes la apoyaron.

Triste pero cierto y ocurren no sólo en mi país en Ecuador pero cada parte del mundo.

Podemos pensar en algún subsidio adicional a los partidos políticos que superen el porcentaje de la cuota legal cuando luego del escrutinio se verifique que más mujeres logran llegar a asumir cargos electivos. He visto algún proyecto en esta línea en Chile, y en Argentina estamos trabajando en esa dirección.

¿Por qué no proponer un aporte similar al que corresponde a cada partido por voto conseguido a aquellos partidos que incluyan más mujeres de lo que determina el cupo?

Queridas y queridos,

Previo un abrazo sentido paso a expresar lo siguiente:

Soy un poco escéptico sobre la posibilidad del financiamiento político para las mujeres, porque en el fondo subyace el comportamiento machista en los hombres y eso con destinar dinero poco o nada se solucionaría. Por ejemplo, durante años se ha destinado mucho dinero y tiempo para abordar el problema de violencia contra la mujer solo desde las mujeres, a demás se han logrado leyes, normas, pero solo desde la mujeres, sin embargo los índices de la violencia contra la mujer se mantienen o en muchos casos se han incrementado. Felizmente hay iniciativas para abordar el problema de la violencia contra la mujer y las desigualdades también desde los hombres. Como experiencia puedo contarles sobre la Red de Hombres contra la violencia de Ica, Perú. Hemos trabajado las masculinidades y violencia masculina con un grupo de hombres y luego de un proceso de sensibilización se han convertido en aliados de las mujeres apoyando sus iniciativas en espacios de decisión. Pero curiosamente, se destina escasos o nada de fondos o recursos financieros para trabajos de sensibilización con hombres. En Ica, el Gobierno Regional gastó unos 30, 000.00 dolares americanos para el diseño de Escudo e Himno Regional de Ica.

Pero igual apoyó las iniciativas que aspiran a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.

Como en todas partes, el financiamiento económico en la política es peligrosamente dependiente, pues crea vínculos de poder entre el financista y la o el candidato y cuando ambos no miran hacia un mismo horizonte, entonces se echa todo a perder, porque uno ve por el lado de los réditos que puede rendir su dinero aportado y al otro le interesa el hecho de quedar bien como candidata o candidato y con las promesas a cumplir.

En mi país, la cuota de género la respetamos. Para las mujeres y algunos hombres, es difícil aceptar que una mujer tenga las mismas o mejores condiciones para liderar. La participación de la mujer más que política es social.

En el caso ecuatoriano la ley de cuotas se promulgó en el año 2000. La lucha por la conquista de los derechos de participación política de las mujeres conllevó un arduo camino llegándose a implementar las Veedurías de Cuotas e interponiéndose demandas para que se cumpla la norma y exigir nuestros derechos.

En el 2008 con la nueva Constitución se implementaron dos funciones nuevas, a las ya tradicionales y, son la Función de Transparencia y Control Social, y la Función Electoral. Esta función está compuesta por dos entes: Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

Dentro de los mecanismos legales para crear condiciones de igualdad para candidatas y candidatos tenemos como referente la Constitución de la República que contempla la participación de la mujer en política, la equidad de género contemplado en los derechos de participación, Capítulo V de la Constitución, Art. 61 numeral 7: “desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas para las personas con discapacidad y participación intergeneracional”.

Dentro de los Principios Fundamentales, nuestra Constitución de la República señala en el Art. 1 que "el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución".

De igual manera el Art. 11 de la carta magna, recoge los Principios de Aplicación de los Derechos, numeral 2, señalando lo siguiente: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades".

En el numeral 9 se establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
Es importante señalar que la Constitución de la República en su Art. 65, contempla la representación paritaria de hombres y mujeres. El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas y las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial.

El Código de la Democracia en su Art. 86 contempla la equidad de género en la convocatoria.- El Consejo Nacional Electoral reiterará en la convocatoria la obligatoriedad de cumplir con los principios de equidad, paridad, alternabilidad, secuencialidad entre hombres y mujeres, tanto de principales como de suplentes.

De igual manera el Art. 94 del mismo cuerpo legal antes mencionado, señala que para la selección de candidatos y candidatas.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular.

Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos, que garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad, entre los afiliados o simpatizantes de las organizaciones políticas; así como en la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas.

Sin embargo, las mujeres al momento de recaudar fondos para su participación política lo tienen que hacer por gestión propia y el Estado entrega un fondo de promoción electoral pero muchas de ellas no se visibilizan en el momento de la campaña electoral; los factores pueden ser muchos, como por ejemplo prioridad a plantear las propuestas del partido por parte de los hombres, entre otros.

En la práctica se ha demostrado que la mujer puede participar en un primer puesto o principal de una candidatura y luego cuando gana la curul es conminada a renunciar para que suba su suplente que por alternancia es un hombre.

Después de las elecciones del 17 de febrero de 2013, en Ecuador, la Asamblea Nacional quedó compuesta por un aproximado de 38% de mujeres.

Por otra parte, y dentro de los mecanismos formales en el Ecuador existe:

a.- Financiamiento público para promoción electoral, que contempla medios de prensa, escrita, radio, tv, vallas publicitarias.

b.- Límites al gasto electoral lo regula el CNE, que contempla todo lo extra al punto a), aquí están camisetas, llaveros, gorras, etc.

c.- Control de medios.

d.- Rendición de cuentas y fiscalización, otros.

Respecto a los efectos adversos sobre las mujeres las actuales leyes de financiamiento político establecen en la norma que la participación tanto de mujeres y hombres se haga en forma igualitaria para todas las candidatas y candidatos de los partidos y movimientos políticos. Sin embargo, en la promoción electoral la evidencia es que no se visibilizan a muchas mujeres.

En cuanto a la pregunta: ¿Qué se podría cambiar, o qué cláusulas hay que fortalecer (p. ej. asegurar la aplicación de las normativas, incluidas las que pertenecen a la revelación de datos; prohibición de fondos ilícitos)?

Fortalecer la normativa existente al derecho electoral y su aplicación con la finalidad de tener más reglas para las organizaciones políticas que deseen participar en procesos electorales, promulgando la transparencia equidad e igualdad de condiciones.

Por otra parte el Consejo Nacional Electoral (CNE) de forma general ha implementado varios controles internos jurídicos y administrativos para los procesos electorales, desde la inscripción de las organizaciones políticas hasta culminar con el calendario electoral y con todos los procesos de fiscalización en los casos de rendición de cuentas. Un control por candidaturas y uso de recursos debería ser implementado para tener la información de cuanto se invirtió en la promoción política de hombres y mujeres.

Actualmente en la República Dominicana se está discutiendo el proyecto de ley de partidos políticos y garantías electorales. Y aunque la Constitución de la República en el Artículo 39 establece el Derecho a la Igualdad: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal" y esto constituye una oportunidad para que en esta ley eso se aplique, hasta ahora no aparece en las propuestas que están siendo debatidas, con acciones concretas que realmente contribuyan a que haya igualdad de oportunidades en cuanto al financiamiento para la participación política de las mujeres. La realidad ha demostrado, que la distribución de los recursos en los partidos políticos no se hace con equidad de género. Tampoco en los recursos que se utilizan para las campañas electorales.
Este tema de debe ser abordado tomando en cuenta porcentajes que vayan directamente a la participación de las mujeres en política, sobre todo en acciones formativas. Como en estudios para generar propuestas y acciones para la participación activa de las mujeres en política.

Desde Rosario-Argentina:
Con respecto a este tema no tengo una visión clara de qué significa
"financiamiento político para las mujeres". ¿Se refieren a un sueldo o dinero que debe entregar un estado para que la mujer tome parte del sistema más corrupto del mundo? Pues si es con ese fin, lo siento no puedo ser parte de ello, ya que no me compete, solo soy una mujer que estudia y trabaja con el fin de eliminar estos desgastes mentales que no tienen sentido lógico de progreso, sino todo lo contrario, representan una involución de la mujer. Nuestra ocupación social debe tener otro sentido, silenciosamente, ocuparnos para mejorar la formación educacional, ya que la actual no tiene más vigencia para las mentes en las y los jóvenes, vivimos en una abstracción y dominio. Sin más que decir les agradezco su petición a participar en estos foros que solo contribuyen a que conozcamos lo que están pensando las mujeres de la política.
Saludos,
Jannette

En el Perú hasta ahora no hay propuestas para el financiamiento político para las mujeres. Es esencial la parte económica para poder postular a algún cargo político ya que los recursos son propios de cada postulante. Ahora se ha presentado un proyecto sobre acoso político a las mujeres que quieren postular a los diversos cargos como alcaldesas, regidoras, gobernadoras, etc. Más preferencia le dan a los hombres. Todas las mujeres tenemos que unirnos y hacer fuerza para que nos den más oportunidades y cada partido ayude económicamente.
Queremos más participación de las mujeres en los partidos políticos, porque la acción política de las mujeres no se ha desarrollado en buena medida dentro de los partidos políticos.

Creo que es necesario que se realice este tipo de financiamiento, pero debería ser como un fondo que privilegia ante todo la capacitación para lograr el perfil político que se requiere en una sociedad machista donde se desmerece a la mujer que participa en política porque se le cree incapaz. El financiamiento debiera ser orientado previamente al trabajo con las mujeres en el aspecto de su autoestima, luego la capacitación política y el financiamiento de las campañas. Esto lo veo más por el lado de capacitación para crear fondos no tanto para recibirlos de alguien, porque ello generaría una ventaja despreciable frente a los participantes de sexo masculino.

Incluyo la breve descripción de una propuesta de proyecto  “equipaje de la candidata”  elaborado por el Foro Político de Mujeres de Bolivia, esperando que la misma sea una base para repensar iniciativas creativas.

• ¿Hay mecanismos formales (legislados) que operan para crear condiciones de igualdad entre candidatas y candidatos? En el caso de que los haya, ¿cuáles son (p. ej. límites de gasto, límites en la duración de las campañas electorales, revelación de datos, reformas de fondos públicos que puedan beneficiar a las mujeres)?

En Bolivia, desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en febrero de 2009 y la aprobación, el año 2010)  de las leyes del Órgano Electoral Plurinacional y de Régimen electoral se reconoce  principio de paridad y alternancia y la equivalencia de participación de hombres y de mujeres. Este principio consiste en la aplicación obligatoria de la paridad y alternancia en la elección y designación de todas las autoridades y representantes del Estado.

Por otra parte se estable la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) para la regulación, fiscalización del patrimonio origen y manejar de los recursos económicos de las organizaciones políticas y del financiamiento de la propaganda electoral de todas las organizaciones participantes en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, para efectos de transparencia y rendición de cuentas documentada en coordinación con la Contraloría General del Estado.

No existe ninguna previsión que reconozca algún apoyo financiero público antes ni durante las elecciones. Existió entre 1997 y el año 2005, habiéndose eliminado del ordenamiento legal. Esta eliminación se dio en un contexto de crisis del sistema de representación, colapso del sistema de  partidos políticos, y un posicionamiento discursivo anti político y anti partidos. En esta crisis de la mediación política se ha contrapuesto la democracia representativa y de la democracia directa y comunitaria. Legislativamente, se establece  la Democracia Intercultural  que reúne institutos tanto de la Democracia Representativa, Participativa y Comunitaria.

A la fecha, el Órgano Electoral Plurinacional, con el apoyo de IDEA internacional y el PNUD  ha iniciado el proceso concertado y participativo de elaboración de una nueva ley de organizaciones políticas que abarque no solo a los partidos políticos, sino también a las Agrupaciones ciudadanas y a la Naciones y Pueblos Indígenas, reconocidos como actores habilitados para acceder a la titularidad de la representación política, bajo los principios de igualdad y paridad y alternancia. Esta norma en construcción, sustituirá a la ley de Partidos políticos del año 1999 y de la de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas del año 2004 todavía parcialmente vigentes. 

Se espera contar con esta nueva Ley hasta finales de año. En el debate iniciado el tema del  financiamiento es uno de los más controvertidos. El bloque oficialista dominante está en contra la reposición de financiamiento público, cualquiera sea su modalidad. En Bolivia, el debate sobre un posible financiamiento confronta a una oposición  débil y fragmentada con el bloque oficialista, razón por la que los problemas de desigualdad de acceso a recursos de parte de hombres y mujeres son secundarios. Esta situación se agrava, por la reelección presidencial continua y la instalación de régimen presidencialista reforzado al que se le reconoce márgenes  de discrecionalidad de uso de recursos públicos por parte del partido de gobierno y débiles controles institucionales demostrados por el Órgano Electoral.

• ¿Tienen efectos adversos sobre las mujeres las actuales leyes de financiamiento político? ¿Qué se podría cambiar, o qué cláusulas hay que fortalecer (p. ej. asegurar la aplicación de las normativas, incluidas las que pertenecen a la revelación de datos; prohibición de fondos ilícitos)? ¿Qué tipo de controles existen?

Las mujeres reconocen que, debido a restricciones financieras que enfrentaron y enfrentan, ingresan a la política y a la competencia electoral en condiciones de desventaja. 

Existe la disponibilidad de continuar buscando  normas y mecanismos que puedan garantizar un conjunto de normas integrales que velen y garanticen el principio de igualdad en la competencia electoral así como mecanismos que regulen eventuales asimetrías.

En general, cuando existieron recursos públicos, éstos fueron administrados y distribuidos en función de criterios cupulares, sin tomar en cuenta necesidades especificas de las mujeres.  Lo positivo es que se dieron condiciones para que las organizaciones políticas transparenten y rindan cuentas sobre el origen, cantidad, uso y destino de los recursos tanto públicos y aquellos recaudados privadamente. 

• ¿Cómo han tratado los partidos políticos el déficit de género con respecto al financiamiento (p. ej. voluntariamente – la recaudación de fondos interna dentro de los partidos, contribuciones para las campañas? ¿Qué métodos o estrategias han utilizado?

Cuando estuvo vigente el financiamiento público, no se conoce de iniciativas partidarias que atiendan las demandas y necesidades particulares de hombres y mujeres respecto a acceso a recursos.

La red de organizaciones de mujeres y ONG, ha impulsado desde 1997, movilizaciones y mecanismos de vigilancia instituidos y reconocidos por el Órgano Electoral, para el cumplimiento de las cuotas y ahora de la paridad. También tuvieron iniciativas innovadoras para promover y difundir la inclusión de mujeres en las listas, “mujeres listas para las listas”, tanto para las elecciones nacionales (Presidencial y parlamentaria)realizadas en diciembre de 2009 y las sub nacionales de Abril del 2010.  En esta ocasión este programa de soporte a las candidaturas femeninas  logro  acuerdos ventajosos con la red de medios mediante convenios gestionados ante el Órgano Electoral.

En la renovada y reciente  discusión sobre una nueva Ley de Organizaciones políticas, el tema de financiamiento público ha sido  uno más  en la mesa de discusión. A continuación sintetizo algunos de los criterios – no definitivos -  recogidos en la Memoria de un reciente taller internacional promovido por el Órgano Electoral, IDEA, ONU Mujeres, PNUD y la Coordinadora de la Mujer ( Red de ONG comprometidas con el empoderamiento y avance de las mujeres). Dicho evento conto con el valioso apoyo de Epsy Cambhel y Delia Ferreira, colega que también aporta a este rico debate por la Red Iknow Politics.

Con la reserva del bloque alineado al gobierno que cuestiona la posibilidad de reposición de financiamiento público, éste evento partió de tres premisas, la mismas que deben orientar la discusión aun pendiente.  

Primera: Gestar una normativa que garantice una participación política en condiciones de igualdad, revirtiendo asimetrías que se observa en la competencia electoral;

Segunda: Necesidad de sincerarnos con la definición del concepto de la política como Bien Público, como bien a protegerse. Por tanto, no solo se  deber normar apoyo financiero público, sino también limitar el gasto y tiempo de campañas.  Se planteó como desafío reflexionar sobre la siguiente proposición. “No garantizar el financiamiento público es consagrar la privatización de la política”

Tercera: Nada funciona si el Organismo Electoral no garantiza independencia, imparcialidad política capacidad y mandato de intervenir además de los instrumentos para realmente ejercer su mandato.

Sobre el financiamiento estatal y propaganda electoral

• Ventajas  y Desventajas: Son más las ventajas que las desventajas. Las desventajas pueden neutralizarse mediante mecanismos de control y rendición de cuentas del uso de los recursos.
• Si se repone el financiamiento debe ser aplicable a las Agrupaciones Ciudadanas, a los Pueblos Indígenas y a los Partidos Políticos. 
• Hay que tomar en cuenta, las condiciones de ventaja que tiene el partido de gobierno e indagar sobre el uso de los recursos públicos con fines proselitistas, antes y durante el periodo de campaña.  
• Una vez haya el financiamiento,  asegurar mecanismos que aseguren  su llegada a las mujeres como derecho.
• Criterios de distribución y su alcance deben diferenciar escalas de las organizaciones. Según nivel sub nacional.
• El principio de paridad y alternancia ahora vigente, plantea la necesidad que el apoyo financiero, en especie o monetario  a hombres y mujeres por igual. De alguna manera se descarta un apoyo expreso solo a mujeres.

Competencia igualitaria y transparencia.

• El Órgano Electoral, imparcial e independiente,  debe contar con mecanismos de  control, acceso expedito a información bancaria y financiera en investigación de origen de recursos para la política.
• Hacer cumplir la ley, medidas cautelares de aplicación inmediatas.
• Establecer  regulaciones limitativas de excesos de oficialismo- cualquiera sea este.  

En caso de existir fondos públicos. Medidas de fiscalización:

• Asegurar presencia de mecanismos de control social y ciudadano como coadyuvante a los roles que les toca cumplir el Organismo Electoral y la Contraloría del Estado.  
• Debe contarse con apoyo integral que contemple  partidas de  investigación, formación, campaña proselitismo, etc. Financiamiento ordinario, permanente y de campaña
• Partir de una investigación sobre la situación real de las organizaciones existentes.
• Asegurar, mecanismos de control interno: ej. principio de publicidad a nivel intra partidario. Planes Operativos Políticos a nivel  Nacional, Departamental, Local de los recursos, con rendición de cuentas  aprobada de la militancia que incorpore los intereses de las mujeres militante.
• Es importante que las instancias técnicas del Órgano Electoral ( UTF)  generen confianza. Debería ocuparse de fiscalizar pero también de generar instrumentos y herramientas para asegurar transparencia  Debe tener  organización y composición, imparcial, confiable y meritocrática ( por proposición y oposición de las organizaciones políticas)

En caso de ausencia de fondos públicos.

• Aquí los planteamientos trascienden la discusión inter género.
• La falta de fondos públicos no implica la restricción de la posibilidad de fiscalización por parte del Organismo Electoral aunque limita esta capacidad al no tratarse de recursos públicos.  Esta instancia debe precautelar origen de fondos no públicos. Financiamiento privado debe ser regulado
• La ley  en este campo mejor si es detallada, la flexibilidad conlleva el riesgo de interpretaciones y regulaciones discrecionales.  
• No se sabrá todo, se deberá transparentar lo máximo posible.  
• Estar prevenidos de que en el financiamiento privado radica un lado oscuro que amenaza la política. Es el caso de estrategias de crimen organizado dirigidas a nivel subnacional.
• Se recomienda preservar criterios de privacidad, que no se extorsione o acose fiscalmente al donante. Valorar y encontrar equilibrios. Transparencia  y consentimiento del donante salvo transgresión o violación de las restricciones y prohibiciones establecidas por ley.

Respecto a la propaganda electoral

• 60% de los gastos de campaña a nivel mundial se destinan a la propaganda en medios de comunicación masivos.
• Se recomienda garantizar igualdad acceso y cobertura, así como límites al  uso irrestricto de propaganda en distintos medios de comunicación masiva.   
• Establecer el registro de tarifas de propaganda política y reglamentación para canales públicos y privados.  
• Ser cuidadosos para evitar que no se viole principio de libertad de información y comunicación.

• ¿Hay diferencias en la manera que las y los candidatos gastan los fondos de campaña? (p. ej. gastos más altos para las mujeres dada la falta de seguridad, costo del cuidado de menores, etc.)

No conozco de estudios ni información que responda de manera detallada a esta pregunta. Sin embargo, es previsible que existan necesidades y patrones de gasto diferenciados. Un factor clave en esta diferencia inter género puede influenciarse según la modalidad electoral y tipo de candidatura. En ello el sistema electoral debe ser tomado en cuenta. Las candidaturas plurinominales (en lista cerrada de elección proporcional) enfrentan condiciones de competencia distintas que las candidaturas uninominales por distrito o circunscripción especial. Los factores asociados a la seguridad personal y ante todo las cargas relativas a roles reproductivos y de cuidado son dos aspectos a considerar a tiempo de enfrentar una candidatura, ambos se ligan a aspectos estructurales que limitan seriamente la participación política sostenible de las mujeres.  

Aprovecho esta oportunidad para compartir una idea gestada por el Foro Político de Mujeres de Bolivia a fin de apoyar la actividad política de las mujeres. Se planteó el Proyecto sobre el Equipaje de la Candidata. Esta propuesta era integral, suponía apoyar a las mujeres políticas no solo en tiempos electorales sino también generar un conjunto de actividades y herramientas básicas para fortalecer y cualificar su capacidad de desempeño político partidario entre elecciones.

Ahora bien, uno de los  componentes del proyecto “Equipaje de la candidata” que, solo es una idea base a discutir, tenía relación directa con los procesos electorales. Para ello se plantearon algunos criterios y acciones a tomar en cuenta para el desarrollo a detalle de la propuesta:

1. Investigar  y realizar un diagnostico de los rubros de gasto más comunes demandados por las mujeres y en general de toda candidatura. A partir de ello establecer algunos requisitos especiales según tipo y cobertura  de candidatura (uninominal-plurinominal) así como en función al área (urbano-rural) del distrito si corresponde.
2. Diseñar y organizar la  oferta de uno o más paquetes compuestos de diverso productos/ herramientas  indispensables para encarar la competencia electoral (Ej. Paquete 1 compuesto por: diseño e impresión de un afiche, pancartas o panel vial  y  un tríptico con propuesta electoral, un jingle radial con presupuesto mínimo para su difusión,  presupuesto para apoyar la realización tres eventos de eventos proselitista con grupos ciudadanos distintos, y optativo: realización de un Spot televisivo) A ello se pueden añadir nuevos ítems y realizar múltiples combinaciones aplicables al tipo, alcance y entorno de cada candidatura.  El criterio seria la identificación definición de ítems, con costos unitarios y formatos estandarizados.
3. Definir un mecanismo publico desconcentrado del Órgano electoral, , responsable de la  gestión de este programa.   El mismo que tenga la credibilidad como para canalizar recursos y apoyos específicos de organismos internacionales y redes privadas de apoyo a candidatas mujeres (ej. Emily List)   

 Saludos,

Erika Brockmann, Bolivia

Estimad@s:

Antes que nada, felicito esta iniciativa, es muy bueno compartir nuestras inquietudes y buenas prácticas al respecto.

Desde hace varios años, colaboro para el logro del empoderamiento de las mujeres políticas en el Paraguay. Además de estar afiliada a un partido político (ANR) con preminencia de hombres en los cargos electivos, ya he tenido la oportunidad de ser candidata en varias ocasiones, en algunas he sido electa y en otras no.

No contamos con una ley que asegure el financiamiento político de las mujeres, aunque recientemente contamos con una Ley que controla el financiamiento de estos recursos, la cual, aún no ha sido implementada (por haberse aprobado recientemente).

¿Tienen efectos adversos sobre las mujeres las actuales leyes de financiamiento político? ¿Qué se podría cambiar, o qué cláusulas hay que fortalecer (p. ej. asegurar la aplicación de las normativas, incluidas las que pertenecen a la revelación de datos; prohibición de fondos ilícitos)? ¿Qué tipo de controles existen?

Nosotras tenemos inconvenientes desde los cupos de participación, entonces estamos desde la reforma del Código Electoral, a fin de asegurar más espacios de mujeres. A eso debemos incluir también que el presupuesto asignado a los partidos políticos, debe asegurar la participación de las mujeres. También mecanismos de propaganda en los medios, que se realicen con discriminación positiva.

¿Cómo han tratado los partidos políticos el déficit de género con respecto al financiamiento (p. ej. voluntariamente – la recaudación de fondos interna dentro de los partidos, contribuciones para las campañas? ¿Qué métodos o estrategias han utilizado?

Los partidos políticos tradicionales no tienen conciencia de género, la participación de las mujeres, es prácticamente invisible e innecesaria para ellos. El famoso mito de que no existen mujeres para los cargos electivos.

¿Hay diferencias en la manera que las y los candidatos gastan los fondos de campaña? (p. ej. gastos más altos para las mujeres dada la falta de seguridad, costo del cuidado de menores, etc).

Totalmente diferentes, porque la mujer tiene mas conciencia respecto al gasto, y trata de llegar de manera óptima con los recursos y también con mucha ética.

Desde un proyecto en el cual participo, Parlamento Mujer - Nuevas Ciudadanías en Construcción, trabajamos intensamente para lograr mayores espacios y lo estamos logrando. Muchas de las mujeres ya han logrado bancas, tanto como diputadas, senadoras, como así también en concejalías (municipales y departamentales).

En este sentido es importante el apoyo que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo(BID), quienes han apoyado en mas de una ocasión con este proyecto, lo cual, las mujeres políticas del Paraguay, agradecemos.

En mi caso personal, también he participado en otras capacitaciones, propiciadas por OEA, ONU Mujeres, NDI, IDEA Internacional y AECID. Esto es muy valioso para nosotras, porque en mi caso, como también soy docente, al regreso de estas capacitaciones, comparto mis conocimientos con las mujeres de los partidos políticos que integran el Parlamento Mujer.

Saludos y gracias!!

Gricelda Cañete Ribeiro

El tema del financiamiento es esencial para que las mujeres puedan participar en las campañas electorales en igualdad de condiciones con los hombres. Sin embargo, la falta de fiscalización, transparencia e información disponible complica la tarea de dimensionar con datos duros los obstáculos que las mujeres enfrentan a la hora de acceder a recursos para sus campañas electorales.

A pesar de que muchos países en América Latina cuentan con financiamiento público, en la región solo hay 4 países (Brasil, Costa Rica, México y Panamá) que norman la obligación de destinar parte del financiamiento público otorgado a los partidos a actividades de formación y promoción de la participación política de las mujeres. Los fondos que los partidos deben destinar a la capacitación y al desarrollo político de las mujeres oscilan entre un 2% y 10% del financiamiento público que reciben, dependiendo del país (y del partido). Sin embargo, dichos casos no cuentan con una fiscalización rigurosa que permita corroborar que dichos fondos se estén destinando efectivamente a actividades dirigidas a capacitar a las mujeres. En ese sentido, tanto las autoridades electorales como las propias militantes deberían implementar acciones de monitoreo que les permitan supervisar las actividades financieras de los partidos políticos y así garantizar que los recursos sean efectivamente destinados a fortalecer la participación política de la mujer.

Brasil es un caso interesante porque la ley también establece que la propaganda partidaria gratuita deberá promover y difundir la participación política de la mujer. En este sentido, deben dedicar a las mujeres un tiempo que será fijado por el órgano nacional de dirección partidaria, observando un mínimo del 10% del tiempo total. Este mecanismo de financiamiento público indirecto podría ser adoptado por otros países. En época de campaña electoral se podría, por ejemplo, otorgar espacios gratuitos en los medios de comunicación del Estado a los partidos políticos. Dichos espacios podrían ser distribuidos por criterios de género.

Otros mecanismos que se podrían adoptar para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el campo electoral son los de limitar la duración de las campañas, las contribuciones privadas y los gastos de campaña. También se podrían crear organizaciones que financien las campañas de candidatas mujeres. En EE.UU. existe una organización llamada EMILY’s List que financia las campañas de mujeres candidatas del partido demócrata que a su vez están a favor del aborto. Del lado de los republicanos, está la organización Susan B. Anthony List que apoya a candidatas que están en contra del aborto. Por último, vale la pena resaltar el caso del FMLN en El Salvador donde, hace unos años, las candidatas del partido recolectaron fondos para promover las candidaturas femeninas.

Vivian Roza

Gracias por la invitación a iKNOW Politics. Es un interesante el tema el que ustedes presentan. Hay mucho que decir, por mi parte, informaré acerca de un caso verídico sobre la adversidad de la mujer frente a una crisis económica después de concluir la candidatura y no ser elegida. Cómo es que uno carga el peso económico, social y político, es decir muchas mujeres ingresamos con las ganas de hacer algo pero terminamos con pasivos, donde ni el partido se acuerda siquiera de darnos las gracias, y realmente cargamos la cruz y no sabemos si terminará esa odisea. En el segunda parte contaré la historia que ayudará a mucha mujeres. Quizás dará algunas soluciones y más que nada podría servir para prevenir alguna situación similar a la historia que se presenta.

En el caso guatemalteco, no existe un mecanismo legal para el financiamiento de y para la participación de las mujeres. Los partidos políticos no promocionan ni facilitan condiciones para la participación de la mujer. Es de reconocer que las mujeres que actualmente han logrado un cargo de elección popular, en gran parte se debe a su propio esfuerzo.

La tarea de institucionalizar la participación de las mujeres es una premisa estratégica. La búsqueda de financiamiento para facilitar la participación de la mujer es una actividad que deriva en crear mecanismos e instancias para hacer efectiva su participación.

Quizá todo queda en las buenas intenciones, porque en la práctica casi en la mayoría de partidos y movimientos políticos no se siguen las reglas porque las mujeres nos hemos convertido en mecanismos de relleno para cumplir con lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, pero nada más. Es decir las candidaturas están direccionadas y en lo que más se invierte es en la promoción de tal o cual candidata/o. No interesa que triunfe. Continúa resultando bastante difícil la participación misma de la mujer en la política y ni qué decir del financiamiento, se debería conformar una fundación, asociación, etc. a nivel internacional con miras a financiar una verdadera participación de la mujer en la política.

Leyendo los comentarios al tema del financiamiento, podemos constatar que la situación es muy similar en los diferentes países de la región. Lo cual nos tiene que llevar a plantearnos que estos temas tienen que ser abordados desde espacios regionales y globales que generen obligatoriedad incluso a los Estado para garantizar que haya participación política de las mujeres y que además, ésta sea de calidad. En ese sentido, deberíamos de recuperar algunas de las propuestas planteadas en este foro y ver cómo canalizarlas. Por ejemplo, pienso que hay que tratar de obtener financiamiento público-privado para promover testimonios de vida de las mujeres que participamos en la política. Para poder expresar cuáles son las vicisitudes por las que pasamos y que esto no sea solo un hecho en nuestra vida. Además del financiamiento en dinero, necesitamos disponer de recursos técnicos, de tecnología, de recursos humanos capacitados para la elaboración de propuestas políticas, programas electorales, diseño de campañas electorales y colocación masiva en los medios. ¿Cómo generar alianzas entre nosotras las mujeres? ¿Cómo generar alianzas con hombres comprometidos con la participación de la mujer como un derecho? ¿Cómo hacer que estos planteamientos sean tomados en consideración en las legislaciones de nuestros países? Considero que las redes de organizaciones son muy importantes para esto. Así como también las campañas de incidencia y movilización. Y reclamo de derechos de nosotras mujeres. Los parlamentos, las Asambleas Nacionales son un espacio importante para hacer estos planteamientos.

¡Hola a todos/as!. Soy Carmen Colazo, les escribo desde Paraguay, en este momento coordino el Observatorio Electoral desde el enfoque de equidad de género del Parlamento Mujer de Tiempo Nuevo, un proyecto que viene desplegándose desde hace más de 9 años con lideresas políticas de todos los partidos y movimientos del país, y que está aliado a la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay. Este proyecto recoge la tradición de alianzas para favorecer políticas de género de las mujeres políticas del país desde que en 1989 se retomara el proceso democrático después de la caída del Dictador Alfredo Stroessner. En el año 1991 reformamos el Código Electoral y pudimos incluir un artículo para favorecer la participación en los partidos y movimientos que luego ratificó la Constitución Nacional de 1992. También desde la organización de mujeres políticas del Paraguay propiciamos la Cuota de Participación en lugares de decisión de cuyo anteproyecto soy autora con la Lic. Perla Yore.

En el Paraguay no contamos con una legislación que garantice un financiamiento político transparente, y menos aún equitativo. La legislación que se ha logrado para la supervisión del financiamiento político de los partidos y movimientos aún no ha sido implementada, dado los intereses de quienes manejan el poder al respecto.

¿Tienen efectos adversos sobre las mujeres las actuales leyes de financiamiento político?

Como dijéramos, no existe la aplicación de la ley, por lo tanto todo el financiamiento existente es adverso a las mujeres que son quienes en la historia han sido despojadas de sus bienes por el patriarcado (como la legislación puede constatar, ya que las mujeres no administraban sus bienes sino que lo hacían sus pathers, quienes podían tener patri-monio, o sus maridos, que como "jefes" de familias recibían todo el patrimonio de las mujeres cuando conformaban nuevas familias).

Las mujeres no han sido detentadoras de capital, menos aún se han capitalizado o han acumulado capital en la historia. No son las mayores fortunas, por lo tanto difícilmente puedan financiar por sí mismas campañas políticas y llegar, como se exige en Paraguay a tener 1.000.000 de dólares para pagar una banca en el Senado o 500.000 dólares para que el partido le reserve una banca en la Cámara de Diputados.

¿Qué se podría cambiar, o qué cláusulas hay que fortalecer (p. ej. asegurar la aplicación de las normativas, incluidas las que pertenecen a la revelación de datos; prohibición de fondos ilícitos)? ¿Qué tipo de controles existen?

Hay mucho por cambiar. Hay mucho por fortalecer. Se tienen que revisar las legislaciones comparadas de financiamiento para considerar mejor esta pregunta. En primer lugar se deberían favorecer campañas que no fueran honerosas para que las personas (no sólo las mujeres) participaran en condiciones de igualdad. En este sentido, el voto directo, que rige en Paraguay, es muy costoso, pero también asegura la democracia. Es un problema a considerar. Con voto directo es necesario estar en todo el país, y quienes poseen más dinero y pueden moverse con mayores posibilidades también tienen mayores posibilidades de ganar elecciones. Generalmente los hombres.

Por supuesto que es importante establecer normativas y no sólo normativas sino mecanismos efectivos para que el financiamiento no sea ilícito, por que las mujeres están menos aliadas a las mafias que los hombres y éstos encuentran mayor apoyo en ellas para sus campañas. Es importante establecer controles cruzados sobre el patrimonio de los/as políticos/as, el impuesto pagado, el enriquecimiento, para obstaculizar el enriquecimiento ilícito que se produce en la clase política, porque, además, este enriquecimiento va directamente a las campañas políticas.

La publicidad de los datos es importante en este sentido, una república se basa en la publicidad sobre los/as gobernantes y sus actos. Creo que hay pocos controles todavía, sobre todo en Paraguay, pero que la ciudadanía está cada vez más activa y tiene cada día más conciencia de su poder para frenar las ilegalidades e injusticias en el país. Es importante fortalecer a la sociedad civil para controlar los actos de gobierno.

La inequidad en las oportunidades de acceso a los cargos, que se evidencia en el incumplimiento de las cuotas, también tiene que ver con la falta de poder económico de las mujeres. Proyectos que favorezcan el empoderamiento económico de las mujeres son importantes para su autonomía, también en las esferas del poder y la política. Las mujeres empresarias son las que mejor negocian lugares en los partidos en el Paraguay, y por supuesto, poco pueden hacer las feministas, que lejos están del poder económico y la cultura de acumulación de la riqueza. De esta manera, quienes más tienen tienen posibilidades de tener más todavía, ocupando lugares de decisión política con oportunidades privilegiadas, lo que va conformando una casta política rentística en el país.

¿Cómo han tratado los partidos políticos el déficit de género con respecto al financiamiento (p. ej. voluntariamente – la recaudación de fondos interna dentro de los partidos, contribuciones para las campañas? ¿Qué métodos o estrategias han utilizado?

Como dijo Gricelda anteriormente, los partidos políticos tradicionales no tienen conciencia de género, la participación de las mujeres, es prácticamente invisible e innecesaria para ellos. No tienen, en el Paraguay, estrategias para la participación de las mujeres ni se preocupan por que lleguen a cargos ni por contar con recursos para favorecer la equidad. Si las mujeres no cuentan con el dinero necesario para ocupar una banca, no las ponen en muchos de los partidos, aunque felizmente existen algunos partidos donde tampoco los hombres pueden disponer de ese dinero y llegan a las bancas con mayor igualdad de oportunidades y resultados.

Ha sido significativa en las últimas elecciones del país, que el primer Partido Feminista que se presenta en el escenario político: Kuña Pyrendá, ha realizado una campaña de recolección de dinero en las calles, plazas, con distintas actividades, tan alternativas como sus propuestas políticas. Ha dado aire fresco a la política paraguaya y esperamos que en otras elecciones llegue a mayor caudal electoral por que en estas elecciones acaba de sacar sólo un 0,0..% de votos. Esto denota la conciencia que falta trabajar en campañas de difusión el cambio en nuestros países.

El Código Electoral paraguayo habla de fondos destinados a la capacitación de las mujeres, que la Justicia Electoral reparte a los partidos pero éstos no destinan a esos fines y hay que controlarlo y pedir amparos al respecto si fuera necesario.

¿Hay diferencias en la manera que las y los candidatos gastan los fondos de campaña? (p. ej. gastos más altos para las mujeres dada la falta de seguridad, costo del cuidado de menores, etc).

Yo creo que no, por que los fondos de Campaña se utilizan para realizar encuentros con la gente, pagar comidas, viajar al interior del país, etc. La diferencia es que los administran en general, los hombres del partido, no las mujeres que son la mayoría de las afiliadas y votantes.

Se podría pensar en normativas o mecanismos para favorecer la participación de las mujeres y su visibilización en las campañas. Al respecto, el Código Electoral del Paraguay también habla de la visibilización equitativa de mujeres y hombres en las campañas políticas, pero ésto tampoco se cumple. Las mujeres políticas deberían fiscalizar estos cumplimientos y utilizar más las garantías que da la Justicia Electoral, o la Constitución en lo que correspondiere, para hacer valer sus derechos (como la cuota, que tampoco hacen valer utilizando las posibilidades legales a nivel nacional e internacional que existen).

Personalmente pienso que hasta que las mujeres no estén conscientes de la importancia de su propia autonomía, especialmente económica, no podrán participar en igualdad en espacios que requieren "poner dinero, administrar dinero, distribuir dinero, monitorear dinero", tales como el mundo de la empresa y de la política mientras estas sean las reglas de juego, de otro modo hay que cambiar las reglas y el juego. Esto implica cambiar la cultura, la educación, que llevará muchísimos años y de todos modos las mujeres necesitan aún con ese cambio cultural esperado, ser realmente autónomas: la autonomía económica es la base de la autonomía política, por eso debemos "educar al ciudadano/a", acerca de sus necesarias autonomías desde que nace, como sucede con los varones.

¡Abrazos!

Carmen

Estimadas,

Quisiera compartir con ustedes la experiencia desde Nicaragua y desde mi visión:

• ¿Hay mecanismos formales (legislados) que operan para crear condiciones de igualdad entre candidatas y candidatos? En el caso de que los haya, ¿cuáles son (p. ej. límites de gasto, límites en la duración de las campañas electorales, revelación de datos, reformas de fondos públicos que puedan beneficiar a las mujeres)?

En el caso de Nicaragua, la Constitución establece en el artículo 48, segundo párrafo: "Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país". Sin embargo. en la ley Electoral no hace diferencia sustancial en términos de género, ni hay ningún tipo de incentivo. El 8 de marzo de 2012 se aprobó una reforma a la ley de municipios que reconoce la la situación de desigualdad en que nos encontramos las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida y cómo ello limita el ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales inherentes a la ciudadanía, y en consecuencia obstaculiza el desarrollo social y económico de la nación, ya que esta desigualdad, afecta al 50% de la población del país, lo que nos plantea el reto de lograr la igualdad de derechos y la igualdad real entre mujeres y hombres, prioridad que beneficia y debe involucrar a toda la sociedad.

Dice claramente que es fundamental trabajar para eliminar todo obstáculo que impida la igualdad entre las personas y lograr la modificación de los patrones socio-culturales y humanos que promueven la desigualdad en la sociedad nicaragüense, es decir la desigualdad del 50% de la población que está constituido por mujeres.

Que los mecanismos prácticos y reales para trabajar en función de avanzar hacia la profundización de la equidad de género y la recuperación de derechos de las mujeres, se constituyen a través de la participación de la mujer en el poder local y de su incorporación en las prácticas de género, tales como el Sistema de Planificación Municipal para el Desarrollo Humano (SPMDH), y en los Presupuestos Municipales, siendo éste último uno de los principales mecanismos de distribución de los recursos públicos y un instrumento fundamental para lograr estos objetivos.

En este marco se realiza una reforma que en lo sustantivo lo que plantea es en el caso del alcalde y vicealcalde, que el binomio debe formularse bajo el principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del poder local, lo que significa que, uno de ellos alcalde o vicealcalde deberá ser mujer, guardando la proporcionalidad entre ambos géneros. Para ello, los partidos políticos y alianzas electorales deberán presentar en su lista de candidatos a alcaldes y vicealcaldes y concejales un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres.

Se crea un mandato a los partidos políticos que corrieron a poner en sus listas a mujeres, pero no hubo ningún incentivo ni en términos de formación, ni de apoyo en campañas. De hecho mi experiencia en la campaña para las elecciones como diputada, ni mi partido ni la red de mujeres del partido tenían recursos aunque se hicieron esfuerzos para recaudar fondos, pero la financiación de mi campaña fue únicamente a través de la gestión que pude realizar con personas y organizaciones que me apoyaron en el proceso.

• ¿Tienen efectos adversos sobre las mujeres las actuales leyes de financiamiento político? ¿Qué se podría cambiar, o qué cláusulas hay que fortalecer (p. ej. asegurar la aplicación de las normativas, incluidas las que pertenecen a la revelación de datos; prohibición de fondos ilícitos)? ¿Qué tipo de controles existen?

Definitivamente, hay efectos adversos. En la práctica los recursos que se consiguen están orientados a apoyar a quiénes van en las mejores posiciones, y a veces un esfuerzo de marketing y de oportunidad de relacionarse con el electorado puede cambiar la percepción y hacer que la ciudadanía vote por uno. Como se tienen que centralizar los recursos, también hay desconfianza si efectivamente se rinden cuentas como se debe y se utilizan los fondos como se acuerda.

Creo que no es positivo revelar datos de personas privadas que apoyan con cantidades mínimas, porque en el caso nuestro donde la institucionalidad no existe, sirve para ser perseguido únicamente. Obviamente cuando son sumas exorbitantes definitivamente debe trabajarse sobre la base del origen del fondo.

• ¿Cómo han tratado los partidos políticos el déficit de género con respecto al financiamiento (p. ej. voluntariamente – la recaudación de fondos interna dentro de los partidos, contribuciones para las campañas? ¿Qué métodos o estrategias han utilizado?

En el caso del Movimiento Renovador Sandinista, el partido tiene una red de mujeres que entre nosotras apoyamos a las candidatas en las internas, fundamentalmente con nuestros propios recursos y experiencia, elaborando los materiales de campaña y haciendo campaña. En la campaña nacional desarrollamos mecanismos para la búsqueda de fondos fundamentalmente con personas y organizaciones aliadas, pero el partido como tal se enfoco más en los grandes eventos y en las campañas nacionales.

• ¿Hay diferencias en la manera que las y los candidatos gastan los fondos de campaña? (p. ej. gastos más altos para las mujeres dada la falta de seguridad, costo del cuidado de menores, etc. Yo creo que no, al final los mecanismos de campaña utilizados son los mismos, depende mucho de cuanto uno pone de sí mismo, la dedicación y el entusiasmo que trasmita.

Claro, ésta es la experiencia de un partido minoritario y que no tiene vínculos con grandes capitales pero que hacemos un esfuerzo para realizar una política diferente que cree capacidades internamente y que se posicione en el país como una fuerza novedosa.

Edipcia Dubon
Diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua

En el caso de Costa Rica, se promueve el financiamiento político desde la perspectiva de género procurando que se de el 50% entre los varones y las mujeres. Si bien es cierto que esta práctica promueve un asunto de equidad, en el fondo no es una condición de igualdad de género y por tanto los partidos políticos no necesariamente la cumplen aunque podrían ser sancionados por ello. Por otro lado, esto podría representar una buena oportunidad para las mujeres, se podría creer que es así, pero el problema es que en el fondo se mantiene la dominación patriarcal y esto está muy internalizado en el inconsciente colectivo.

Cuando en otros países ya se está hablando del financiamiento para mujeres en los procesos electorales en el Perú aún no se ha terminado con el asunto de la representación femenina en los mismos. Por estos días se está discutiendo el tema de la obligatoriedad en la alternancia de cupos para los cargos en relación a las elecciones regionales y municipales, pero aún NADA DE NADA sobre el tema del financiamiento. ¿Cuándo será el día en que los varones nos sigan para pedirnos que los incluyamos en nuestras listas de candidatas y candidatos para los procesos electorales? Suena grosero, pero ahora nosotras estamos en esa situación y a nuestros pares les parece algo normal.

Yovana Vera
Activista en temas de género y desarrollo social

En el caso de Bolivia, la sociedad transitó de una democracia representativa a una democracia con mayor participación “directa”, “comunitaria e intercultural” de diferentes y diversos (as) actores (ras), desde el 6 de diciembre de 009 y 4 de abril de 2010 fueron momentos definidos por la Constitución Política del Estado (CPE) para que las bolivianas y bolivianos emitieran su voto y participaran en la elección nacional de las y los representantes de la Asamblea Legislativa , Plurinacional, Presidente, Vicepresidente y otras autoridades multiniveles autonómicos.  Para ello se establecieron las normas y las reglas del juego, que regularían el proceso: CPE, ley del régimen electoral transitorio (hoy ley del régimen electoral y ley del órgano electoral), reglamento para elecciones departamentales y municipales, código electoral, ley de partidos políticos y ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.  En cuanto a un logro y luchas históricas de las mujeres se incluye la igualdad de oportunidades y la equidad de género arts. 8 y 270 de la CPE.

Es decir, que el nuevo contexto requirió que la nueva institucionalidad a partir de la CPE se consolide atenuando y reduciendo los potenciales CONFLICTOS, que tal transformación genera.   Se tuvo que velar por que las transformaciones se gestionaran pacíficamente dentro de marcos institucionales democráticos de respecto a las minorías y de mayor inclusión de grupos tradicionalmente vulnerables y excluidas.

Las mujeres han sido uno de estos actores sociales excluidos; se constata desde la instauración de la democracia representativa hasta dic 2009 y post constituyente 2010 con porcentajes muy desalentadores que no cubren la cuota mínima, y uno de los grandes obstáculos para su participación en la política no se reduce a términos de capacidad e interés mas bien a la disponibilidad de “recursos económicos” y “oportunidades de participación en los partidos políticos”

En Bolivia, se redactará prontamente una nueva Ley de Organizaciones Políticas (en remplazo de la anterior Ley de Partidos Políticos) adecuada al texto constitucional, se augura que se respetará la equidad de género en las internas; El nuevo proyecto de Ley de organizaciones políticas establecerá el respeto a la equidad de género en las elecciones internas que realicen los partidos políticos para elegir a sus candidatos y candidatas.  Será obligatorio que la nueva Ley indique que en la designación de sus candidatos (as) a los partidos políticos respeten la equidad de género, se precisará que el voto de militantes en los partidos políticos respete la alternabilidad para los próximos procesos electorales. Es decir, que la democratización de los partidos políticos da un salto cualitativo, estratégico, pues se prevé que los militantes de las organizaciones políticas elijan a sus candidatos (as) en base a determinados parámetros.   Además el ente electoral Tribunal Supremo Electoral (TSE) impuso dos hitos para consolidar la normativa; una, que exista mayor participación de la ciudadanía dentro de los partidos políticos y otra que permita que las organizaciones respondan a las necesidades de la población, con ofertas programáticas.  Elaborarán reglamentos para ejecutar las elecciones internas en las contiendas políticas, esperando que los partidos realicen sus elecciones internas dándole la claridad necesaria a la selección.  Las justas internas o primarias en los partidos son el mecanismo de elección de candidatos (as) –por parte de los militantes- que serán presentados para un proceso electoral, lo cual aportaría a incrementar e incentivar a las mujeres a participar y apoyar la democratización de los partidos políticos (W.Ovando,La Razón, 2012).

Adicionalmente se ha estado discutiendo bastante sobre la financiación a los partidos políticos, tema relevante, aspecto que debe contar con un sistema claro de control financiero.  Con temas de transparencia y lucha contra la corrupción pareciera ser una acción a la que el gobierno no podrá darle la espalda nuevamente, como en anteriores ocasiones, ya que fue en el gobierno de Evo Morales el que suspendió el financiamiento a los partidos políticos, esto porque se debe conocer de dónde se consigue, cual es la fuente del dinero para las campañas.  Por otro lado, en términos de igualdad de oportunidades en la participación para oficialistas y opositores, ya que la tendencia como en Ecuador o Venezuela se tendió hacia el oficialismo.

En cuanto a campañas destinadas s representaciones a la cabeza de mujeres, el único caso son las campañas al estilo de Emilys List. Sería ideal conformar fondos de mujeres para mujeres y/o otras alternativas que promuevan sus candidaturas, visibilidad y elección, de lo contrario estaríamos frente a situaciones repetitivas y tradicionales.

 La militancia - en la conformación de los partidos políticos y/o organizaciones políticas, representa una de las formas más importantes de discriminación hacia las mujeres hecho que restringe la participación y las limita, por el trato diferenciado reflejado en su permanente exclusión como minorías.  Sin embargo, este podría representar un incentivo para alentar a las mujeres a apoyar una candidatura que promueva programas a favor de las mismas, entre otras.

Maria Eugenia Rojas Valverde desde BOLIVIA

¿Hay mecanismos formales (legislados) que operan para crear condiciones de igualdad entre candidatas y candidatos? En el caso de que los haya, ¿cuáles son (p. ej. límites de gasto, límites en la duración de las campañas electorales, revelación de datos, reformas de fondos públicos que puedan beneficiar a las mujeres)?

Desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1954, el desarrollo legal en Colombia ha promovido la inclusión de las mujeres en cargos de decisión política. En primer lugar, la Constitución de 1991 (y sus posteriores reformas), no solo reconoció la igualdad entre hombres y mujeres (artículos 13 y 43), sino la obligación de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública (artículo 40), así como la aplicación de la equidad de género como principio rector de los partidos políticos (artículo 107. Esta reforma fue introducida mediante Acto Legislativo 1 de 2009).
Estos postulados constitucionales, el trabajo conjunto de las mujeres en el país y la institucionalidad, abrieron la puerta para la expedición de dos acciones afirmativas, en materia de cuotas, claves para el propósito de incrementar de la representación política de las mujeres:

La Ley Estatutaria 581 de 2000 o Ley de Cuotas: Señala que el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles en la estructura de la Administración Pública deben ser ocupados por mujeres.
La Ley Estatutaria 1475, de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Estableció un porcentaje mínimo (30%) de participación femenina en las listas de partidos políticos para cargos de elección popular, en donde se elijan más de 5 curules (Art. 28). También definió el principio de igualdad de género que rige los partidos políticos así: “los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política”.

Además, en el último año, se expidieron importantes leyes y documentos de política pública que generan mecanismos para potenciar el trabajo de las mujeres en los ámbitos de representación política y desarrollo del país, claves para el desarrollo de las mujeres:

La Ley 1434 de 2011, por la cual se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso. Esta Comisión busca fomentar la participación de las mujeres en el ejercicio de la labor legislativa y de control político, a través de funciones tales como elaborar proyectos de ley para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia y ejercer control político para que los derechos de las mujeres se garanticen en el marco de planes, programas, proyectos y políticas públicas, entre otras.

La Ley 1450 de 2011, que expide el Plan Nacional de Desarrollo. Establece (art. 177) que el Gobierno Nacional en cabeza de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer adoptará una política nacional de Equidad de Género, para garantizar los derechos humanos y la igualdad de las mujeres. Uno de los ejes en el que actualmente se está trabajando en el marco de formulación de esta Política de Equidad para las mujeres, liderada por la Alta Consejería con la participación activa del Gobierno y de las organizaciones sociales, es el de participación política de las mujeres. El Documento de Política Pública, CONPES 140, de 2011, sobre metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

MARCO JURISPRUDENCIAL

La Corte Constitucional colombiana, en desarrollo de los preceptos constitucionales mencionados anteriormente, se ha pronunciado en contadas ocasiones sobre aspectos de la participación política de las mujeres, estableciendo una línea jurisprudencial de obligada referencia.
Sentencia C-371 de 2000: La Corte se pronunció determinando la exegibilidad de la Ley 581 de 2000 y estableció que acciones afirmativas como las Leyes de Cuotas, “son necesarias para lograr la igualdad real y efectiva consagrada en el artículo 13 de la Constitución, de manera que puedan ser abolidas las situaciones de desventaja o marginalización en las que se encuentran ciertas personas o grupos. Es así como establecen un trato “desigual” para quienes son desiguales, con el fin de disminuir distancias económicas, culturales o sociales”.
Sentencia C-371 de 2000: La Corte se pronunció determinando la exegibilidad de la Ley 581 de 2000 y estableció que acciones afirmativas como las Leyes de Cuotas, “son necesarias para lograr la igualdad real y efectiva consagrada en el artículo 13 de la Constitución, de manera que puedan ser abolidas las situaciones de desventaja o marginalización en las que se encuentran ciertas personas o grupos. Es así como establecen un trato “desigual” para quienes son desiguales, con el fin de disminuir distancias económicas, culturales o sociales”.
Esta sentencia constituye un hito jurisprudencial en materia de participación política de las mujeres, ya que el alto tribunal se pronunció extensamente sobre el contexto histórico e internacional de la participación de las mujeres en la vida política; y realizó un diagnóstico en el que comprobó que la precaria representación de las mujeres en los altos niveles decisorios del Estado, obedece a un criterio irracional de discriminación y no a factores de inferioridad natural, o de formación cultural y académica.
En ese sentido, la Corte establece que no es concebible una democracia que tolere el marginamiento político de la mitad de los ciudadanos, aduciendo argumentos racionalmente impresentables que ya han sido rebatidos desde hace mucho tiempo.
Sentencia C-490 de 2011: En esta oportunidad la Corte se pronunció sobre la exigibilidad de la Ley 1475 de 2011, relativa a la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
Al estudiar la exigibilidad de sus disposiciones, específicamente el artículo 28 sobre el porcentaje mínimo de 30% de participación femenina en los procesos de elección popular a corporaciones públicas, el tribunal constitucional consideró que tal disposición se ajusta a la Constitución dado que: “(…) promueve la igualdad sustancial en la participación de las mujeres en la política, estableciendo una medida de carácter compensadora, emancipatoria y correctora a favor de un grupo de personas ubicado en situación sistémica de discriminación; realiza los principios democráticos y de equidad de género que rigen la organización de los partidos y movimientos políticos, a la vez que desarrolla los mandatos internacionales y de la Constitución sobre el deber de las autoridades de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. Se trata además, de una medida que si bien puede limitar algunos de los contenidos de la autonomía de los partidos y movimientos políticos, persigue una finalidad importante, es adecuada y necesaria para alcanzar dicho fin, a la vez que resulta proporcional en sentido estricto”.

¿Tienen efectos adversos sobre las mujeres las actuales leyes de financiamiento político? ¿Qué se podría cambiar, o qué cláusulas hay que fortalecer (p. ej. asegurar la aplicación de las normativas, incluidas las que pertenecen a la revelación de datos; prohibición de fondos ilícitos)? ¿Qué tipo de controles existen?

Considero que el efecto de las normas de financiamiento no tiene un efecto adverso en las mujeres, porque, hay candidatas que acceden a ellos perfectamente como los demás. A mi modo de ver, la manipulación que se ejerce en los partidos es perversa seleccionando a mujeres analfabetas políticamente, sin ningún conocimiento de la realidad, ni propuestas sociales importantes (menos de género), sólo escogen a quienes llenen la cuota exigida por la norma vigente para no ser castigados financieramente (el partido que incumpla con la cuota femenina no recibirá los recursos destinados para tal fin).

¿Qué se podría hacer al respecto?

Ejercer control por parte de las autoridades electorales, no sólo en el momento de inscripción de las listas (verificar la cuota asignada a las mujeres) sino, control posterior, verificando que realmente las mujeres candidatas sí hayan sido elegidas. Porque esto permite que se fijen más en la selección de las mujeres y los partidos realmente se interesen en sus campañas.

De acuerdo a la Constitución Política los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán acceder a financiación del Estado a través del FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES. Establecido por la ley 130 de 1994 como un sistema especial de cuentas adscrito y administrado por el Consejo Nacional Electoral. El dinero del Fondo se distribuye entre las organizaciones políticas. Ahora bien, es necesario aclarar que todas las organizaciones políticas no reciben del Estado la misma cantidad de dinero para su funcionamiento porque se hace de acuerdo a algunos criterios.

Del mismo modo la Constitución también reconoce la competencia del Estado para establecer límites tanto a los gastos que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas, como a los aportes y contribuciones que los particulares destinen para tal fin.

La Ley 130 de 1994, dispone que “…ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares.

 Topes Generales
 Topes a los aportes de particulares.

El financiamiento estatal de los gastos originados por las campañas electorales, de organizaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos se realiza mediante el sistema de reposición de los votos válidamente emitidos. Este es un sistema de financiación posterior a las votaciones mediante el cual se toma el número de votos recibidos por el candidato/a y se multiplica por el valor previamente fijado por el Consejo Nacional Electoral o la Ley. Esta regla aplica siempre que los candidatos/as o las listas superen el porcentaje de votos previsto según el proceso electoral del que se trate.
Formula reposición: Reposición de Votos = Cantidad de votos X valor fijado

El valor de la reposición de votos válidos es entregado a las organizaciones políticas, luego de haber presentado la rendición de cuentas, con excepción de los candidatos independientes.

Rendición de Cuentas
La Constitución Política de forma amplia, establece la obligación de los partidos, movimientos y candidatos de rendir públicamente cuentas sobre el origen, volumen y destinación de sus recursos.
 Ingresos y egresos anuales
 Destinación y ejecución de los dineros públicos que les fueron asignados.
 Ingresos obtenidos y gastos realizados durante las campañas.

¿Cómo han tratado los partidos políticos el déficit de género con respecto al financiamiento (p. ej. voluntariamente – la recaudación de fondos interna dentro de los partidos, contribuciones para las campañas? ¿Qué métodos o estrategias han utilizado?

Realmente no son los partidos quienes han implementado formas de financiación específicas para las campañas electorales de las mujeres, son ellas mismas las que se han ideado la recolección de recursos en forma muy creativa, aprovechando sus conocimientos culinarios (preparando platos populares de fácil comercialización, me refiero a mujeres de extracción muy humilde).
También se presenta el caso del político que les contribuye monetariamente con sus campañas pero, deben trabajar para él, esto significa que son DEPENDIENTES DE SU PARTIDO Y FORMA DE PENSAR y deben apoyar políticamente a quienes él les indica.

En un estudio realizado en Guatemala con ex candidatas a elección popular, se determinó que sus experiencias para la recaudación de fondos fueron diversas. Por lo general, las candidatas a nivel local enfrentaron más obstáculos en la recaudación de dinero. Los cacicazgos locales y el clientelismo político se convirtieron en una barrera política para las mujeres, debido a que compitieron en condiciones desventajosas. La mayoría de ellas recaudó fondos entre sus familiares. Las más osadas, recurrieron a otras fuentes de financiamiento, tal y como lo mencionaron en los grupos focales organizados para este estudio.“”A mí me ayudó que tengo una oficina jurídica contable. Cuando no tenía ingresos de los trámites, me apoyaba mi esposo, porque además estoy preparando para el privado de la carrera de derecho” (indígena ex candidata a Síndica, Chimaltenango). Otras, hicieron préstamos, como lo menciona una mujer indígena ““Hice un préstamo de Q.3,000.00, pensado que sólo eso iba a gastar. Entonces, empecé a vender mi ropa nueva. Logré vender dos güipiles y dos cortes, así cancelé el préstamo” (indígena ex candidata a Alcaldesa, Huehuetenango). “Tuve que realizar un préstamo de Q15, 000.00 para pago de buses. Aún estoy pagando las deudas. Lo hice por amor al Comité” (indígena ex candidata a Concejal IV, Chimaltenango).
El factor económico. La falta de recursos es una de las principales limitantes para que las mujeres puedan participar en política partidista. “Ninguna de las cuatro mujeres de la planilla teníamos ingresos fijos. Las mujeres con un trabajo estable, con posibilidades de permisos para ausentarse o acomodar sus horarios, con un salario adecuado o ingresos adecuados para sufragar sus necesidades y las de su familia, constituyen la minoría de las aspirantes a cargos de elección popular. En esta categoría pueden nombrarse a mujeres jubiladas, empleadas públicas (maestras, enfermeras, secretarías, técnicas educativas, etc), facilitadoras de talleres y comerciantes con negocios propios (fabricación y venta de artesanas, oficinas contables, oficinas jurídicas, tiendas, compra venta de leña, animales de crianza, etc.).
Contar con autonomía económica empodera y da libertad para decidir: “Si tengo mis propios ingresos no estoy sujeta a la voluntad de nadie” (indígena excandidata a alcaldesa). Porque para negociar las mejores posiciones en un partido guatemalteco, se necesita mucho dinero, entre 15 mil y hasta millones, según relataron las entrevistadas en este estudio. El valor aumenta según el posicionamiento del partido, el distrito electoral y la casilla. No obstante, el dinero también limita la capacidad para competir y obtener la simpatía del electorado. “El otro candidato ganó porque tenían para llevarle regalos a la gente y para comprar votos” (candidata a alcaldesa Suchitepéquez). “En el otro partido tenían para pagar quienes les ayudarán y hasta para su seguridad” (candidata a diputada Jutiapa).
La tecnificación de las campañas, con el uso cada vez más diversificado de medios de comunicación y especialistas, también aumenta los costos de inversión. Otros factores que influyen, según el estudio fueron:
1. Desconocimiento del medio político.
2. La política es un campo devaluado socialmente.
3. La política es un asunto de tiempo completo.
4. La política partidista es patriarcal.
5. Exigencias diferenciadas.
6. La discriminación.
7. Las identidades asignadas.
Finalmente, las pérdidas económicas que requiere sostener una campaña electoral implicó para muchas endeudarse, gastar los ahorros, hipotecar el patrimonio -“gasté todo lo que tenía” (indígena candidata a Concejal V Sololá)- e incluso desprenderse de objetos personales: “Empecé a vender mi ropa nueva. Logré vender dos güipiles y dos cortes. Con eso pague el préstamo. Me da vergüenza decirlo, pero así lo tuve que hacer” (indígena candidata a alcaldesa Huehuetenango). “Hice tres préstamos. No sé cuándo los voy a pagar” (candidata a diputada Jutiapa).
Efectos que también impactaron en las responsabilidades familiares: “Pasé hasta dos meses sin pagar la colegiatura de mis hijas, porque tuve que pagar 11 buses para las votaciones” (indígena candidata a Concejal IV Chimaltenango).
Por las exigencias de tiempo algunas incluso se vieron obligadas a renunciar a sus trabajos parciales o de tiempo completo, perdieron a su clientela, fueron despedidas y abandonaron los estudios universitarios, incluso estando en la fase de exámenes privados.

En Perú, como comentó Yovana, no es que las mujeres no alcemos nuestra voz, siempre lo hemos hecho, en el tema de género hay desigualdad de oportunidades en todos los espacios y mas aún en las campañas electorales. En la agenda del Congreso de la República se encuentra la Ley de Alternancia, que sería la única esperanza para que las mujeres puedan llegar a ocupar cargos de decisión política. El tema de financiamiento es una realidad cruda por la que atraviesan las mujeres candidatas en Perú. En mi caso les comento mi experiencia, en las elecciones pasadas fui candidata al Congreso de la República por mi región Ancash. Trabajé 4 años dos periodos como secretaria general de mi partido, segura que me darían el número uno, ¡oh sorpresa! por allí se metió una persona invitado que nunca aportó nada al partido, y obtuvo el número uno, el siguiente otro invitado, el número dos, el tercero una mujer que no era de la región, vivía en Lima, el número cuatro era otro invitado y finalmente me dieron el número cinco, el último. No saben cuánto trabajé para posicionar mi número, tenía unos ahorros para comprar un departamento los que invertí en la campaña, toda mi familia se endeudó: mis hermanos, mis hijos, mi padre, no tuve el apoyo económico de mi partido, más aún allí tuve que pagar un cupo para que me dieran el número cinco.
La decepción más grande que tuve fue que se tenía que pelear los votos en las mesas y en la ONPE, me robaban los votos y no aceptaban mi denuncia ya que decían que tenia que ser el 50% de votos observados para aceptar mi denuncia, todo un embrollo hasta que me ganaron con fraude y mi personero de Chimbote me llamaba para sugerirme pagar un monto a la ONPE de tal manera que no robaran mis votos.

Creo que de esa manera es difícil que una mujer preparada, con vocación de servicio pueda llegar al Congreso, porque la limitante es la parte económica y si no ganas hay que pagar préstamos hasta por 5 años, entonces de qué igualdad hablamos si no existe apoyo financiero para las mujeres que participan en política. Ahora nos toca luchar para que se apruebe la Ley de Alternancia y con ella ya no se podrá utilizar a las mujeres solo para completar listas sino para que sirvan al país.

En el Perú aún se está planteando en el congreso normas complementarias a la ley de cuotas (30% por género) como la de alternancia en las listas electorales, que aún cuando es propuesto en esta oportunidad por el Ministerio de la Mujer e Inclusión Social, los mecanismos para su difusión masiva y posible presión siquiera de las mujeres para su aprobación son tan débiles que es muy dudoso que se vea en el pleno del congreso y si es así se apruebe. Falta desarrollar muchísimo conciencia de la desigualdad siquiera.
Por ende no existen mecanismos para facilitar el financiamiento de las actividades políticas.
Las actuales leyes de financiamiento político establecen cierto nivel de reintegro de gastos de campaña a los partidos políticos que perciben mayor votación pero no reglamentan la forma de distribución; con ello, más la falta de transparencia y control al interior de los partidos, las cúpulas los pueden disponer arbitrariamente. En este ámbito puede facilitarse el financiamiento de las campañas políticas de las candidatas, normándose por ejemplo forma de distribuir los recursos que incluyan incentivos (plus por mujeres electas o por mayor cantidad de votos dirigidos a mujeres en relación a otros partidos, reembolso de costos de capacitación o de apoyo a las campañas de las candidatas u otros), sin embargo es remota su materialización en nuestra realidad que se legisle y menos que se cumpla debido a la falta de conciencia y fragilidad de estas instituciones. En la actualidad, con lo complicado que es, sería más viable el financiamiento de fundación que obtener apoyo financiero del estado.
Por eso se acude al uso de fondos privados que constituyen generalmenete materia de transacciones a futuro, siendo además en algunos casos de procedencia ilícita que cuando es develada generalmente es por acción de la prensa dirigida por los adversarios más que por las instituciones de control del estado.
También es lamentable y muy cierto lo que comenta Lucy Margot, que en épocas electorales, conforme aparecen personas con mayores recursos económicos se desplazan de los lugares preferenciales de las listas electorales a verdaderos militantes (como los hoy en día son generalmente varones, es motivo adicional de oposición a la ley de alternancia so pretexto de socavar la autonomía y libertad de los partidos políticos, que en realidad aplican las leyes del mercado al interior de los mismos: a mayor demanda, más precio).

El déficit de financiamiento en las mujeres (por el sólo hecho del género) no importa a los partidos. La búsqueda de fondos es individual. Quizás podría hacerse redes de apoyo a las candidatas con mayores potencialidades, sin embargo quién sería el juez, aún debemos reflexionar en estas opciones.

¿Hay diferencias en la manera que las y los candidatos gastan los fondos de campaña? (p. ej. gastos más altos para las mujeres dada la falta de seguridad, costo del cuidado de menores, etc.
Creo que la diferencia podría darse en la mayor necesidad por cubrir sus gastos personales sobre todo si son cabeza de familia o no tienen apoyo suficiente en afrontar asuntos familiares pero no tanto en la manera de gastar los fondos de campaña.

Siendo el financiamiento uno de los pilares básicos para acceder a los cargos políticos, mientras no se logren condiciones de igualdad en esta materia, la participación masiva de las mujeres es remota. La alternancia va a ayudar bastante pero no será suficiente.