La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, informó este lunes que hasta la fecha se registraron 185 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres autoridades de los diferentes concejos municipales y asambleas departamentales del país.

“En este momento, tenemos 185 casos registrados en el Órgano Electoral en su conjunto, de denuncias de ciudadanas mujeres electas, ya sea como concejalas o asambleístas departamentales”, señaló.

En la última reforma al Código de la Democracia, aprobada en enero de 2020, se especificó, que la participación política de la mujer debe ser equitativa con respecto a la de los hombres.

Es así, que el cambio en la normativa, obliga a las organizaciones políticas a que: el 50% de las listas deben estar encabezadas por mujeres, para candidaturas a cargos de representación local, es decir, alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales.

La alternancia, es el mecanismo que integra la participación de hombres y mujeres de manera intercalada en una lista electoral, es decir varón, mujer, varón y viceversa. En tanto que, la paridad representa el mismo número de mujeres y varones en la lista electoral.

A diferencia de elecciones pasadas, en las cuales los tarjetones electorales fueron ocupados mayoritariamente por hombres, para los comicios legislativos del próximo 13 de marzo los partidos políticos en la región le apostaron a listas con paridad de género, es decir, con un mismo número (o similar) de hombres y de mujeres.

Anteriormente, las casas políticas se limitaban a dar cumplimiento a la Ley 1475 de 2011, que determina una cuota mínima de 30% de mujeres en los tarjetones electorales.

Miembros del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), presentaron este lunes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 247 de 2021 que reformó el Código Electoral.

Según el recurso legal, el último párrafo del artículo 308-I de la Ley 247 que reforma el Código Electoral, publicado en la Gaceta Oficial 29403-A del 22 de octubre de 2021, viola al menos (5) cinco artículos de la Constitución Panameña, por lo que solicitan que este punto sea declarado nulo.