La administración pública es la piedra angular de un Gobierno y el principal instrumento a través del cual se ponen en práctica políticas y programas nacionales. En un mundo ideal, los principios de imparcialidad, responsabilidad, justicia, igualdad y no discriminación deberían regir la administración pública y esta debería servir como modelo de gobernanza para una sociedad que incluya la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la fuerza laboral del funcionariado. Sin embargo, esto todavía no se hizo realidad a nivel mundial. En lugar de ser una fuerza impulsora detrás de la implementación de objetivos acordados internacionalmente sobre igualdad de género y normas y principios de derechos humanos, en numerosos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, la administración pública sigue siendo a menudo una institución patriarcal, que perpetúa las tradiciones, actitudes y prácticas basadas en el género. Las mujeres todavía no participan de forma igualitaria en la administración pública, especialmente en roles de liderazgo y toma de decisiones. Muchas administraciones públicas se acercan al objetivo de un mínimo del 30 por ciento de mujeres en puestos de liderazgo, originalmente respaldado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en 1990 y ratificado en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995,1 y algunas incluso lo superan. Sin embargo, si bien se ha avanzado en términos de cantidades totales de mujeres en la administración pública, techos y muros de cristal siguen presentando desafíos en cuanto a la participación igualitaria de las mujeres en los puestos de toma de decisiones...